Asimismo, indicaron que esa medida "profundiza la situación de impunidad" que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.
Según informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja.
En la misma línea, manifestó que "siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes", en referencia la kirchnerismo/peronismo y remarcó que "también lo hicieron durante la pandemia": "Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes", añadió.
Además, Pareja aseguró que una jueza "que actúa como un peón" del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, "no cumple con las características básicas" que debe reunir un magistrado, debido a que "no puede anteponer una mirada política", respecto a una ley "demandada por la gente" y votada en el Congreso.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis manifestó que esta decisión "deja más que en claro de qué lado están" porque sus medidas "defienden delincuentes".
"La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo
Para finalizar, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que "es inadmisible" que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil "dándole la espalda" a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad.
"Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión", concluyó. n