El abogado y concejal mandato cumplido Marcos García analizó los cambios en el régimen penal juvenil y sostuvo que el nuevo esquema modifica de manera sustancial la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes.
Según explicó, el régimen establece responsabilidad penal desde los 14 años y contempla un tratamiento diferente al previsto para los adultos. Señaló que existen mecanismos más flexibles para quienes no tienen antecedentes y enfrentan por primera vez un proceso por delitos de menor gravedad, mientras que la situación cambia frente a hechos graves o casos de reincidencia.
García indicó además que los adolescentes alcanzados por el régimen no deben permanecer en los mismos establecimientos que los adultos y planteó dudas respecto de la capacidad actual del sistema para disponer de la infraestructura y los recursos necesarios.
En relación con las penas, explicó que existen límites específicos para los menores y que no se contempla la prisión perpetua. En ese sentido, consideró que la normativa mantiene un tratamiento diferenciado, aunque implica un cambio importante respecto de la situación anterior.
Más allá de las modificaciones legales, García advirtió que la respuesta penal no será suficiente para resolver una problemática que considera mucho más amplia. “Por sí sola la ley no va a bajar el delito”, afirmó.
Para el abogado, la prevención debe incluir políticas de educación, acompañamiento familiar y contención social. Durante la entrevista sostuvo que el entorno en el que crecen niños y adolescentes puede tener incidencia en determinadas trayectorias, aunque remarcó que no todas las situaciones son iguales y que las dificultades económicas no determinan por sí mismas una conducta delictiva.
“No todos venimos del mismo hogar, no todos tuvimos las mismas posibilidades”, expresó. Sin embargo, señaló que reconocer esas desigualdades tampoco puede significar dejar de atender a quienes resultan víctimas de delitos cometidos por menores. En particular, mencionó a otros jóvenes provenientes de familias trabajadoras que sufren robos o hechos violentos.
García también vinculó la discusión sobre el régimen penal juvenil con una problemática más amplia: el funcionamiento de la Justicia. A su entender, el país necesita revisar aspectos estructurales del sistema, entre ellos la selección y el control de los jueces y los recursos disponibles para que fiscalías y juzgados puedan desarrollar su tarea.
En ese contexto, hizo referencia a las dificultades edilicias que han atravesado dependencias judiciales del Partido de La Costa y sostuvo que la responsabilidad no corresponde a sus trabajadores, sino a quienes deben administrar los recursos y garantizar condiciones adecuadas para prestar el servicio.
También remarcó la necesidad de respetar la presunción de inocencia y evitar condenas anticipadas fuera de los tribunales. “Sin juicio nadie es culpable”, planteó al referirse a la exposición pública de personas involucradas en causas judiciales.
Para García, entonces, el nuevo régimen penal juvenil constituye un avance, aunque su resultado dependerá de una respuesta más integral. Prevención, educación, contención y un sistema judicial con mejores herramientas aparecen, desde su perspectiva, como elementos necesarios para abordar una problemática que excede la modificación de la edad de responsabilidad penal.

M. Bobryk