Según planteó, la utilización de la boleta partidaria responde al marco normativo actual y no a una decisión discrecional del Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que cualquier modificación del sistema electoral debe darse en la Legislatura y no en el ámbito del Gobierno provincial, al invocar la división de poderes.

“No se puede modificar por decreto”
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires no cajonea nada”, sostuvo el funcionario, quien insistió en que el debate por la Boleta Única de Papel es una discusión que “eventualmente” deberá abordarse en el ámbito legislativo.
En esa línea, Bianco buscó correr al Ejecutivo del centro de la polémica y trasladar la responsabilidad a la Legislatura al subrayar que existe un sistema electoral vigente que fue el mismo que se utilizó en los últimos comicios. También deslizó críticas hacia la oposición al señalar que “quizás” no comprenden el funcionamiento de la independencia de poderes.

La defensa de la boleta partidaria
En paralelo, Bianco avanzó con una defensa del esquema actual y volvió a cuestionar los principales argumentos esgrimidos a favor de la reforma. Sobre la transparencia, aseguró que la última elección en territorio bonaerense fue “probablemente la más transparente de la historia”, con apenas 11 infracciones registradas en un universo de más de 8 millones de votantes.
El ministro relativizó esas irregularidades al indicar que se trató de casos menores vinculados al faltante de boletas y apuntó que correspondían a LLA. Para el Gobierno, ese dato refuerza la idea de que el sistema vigente garantiza niveles adecuados de control y fiscalización.
El funcionario también rechazó la idea de que la Boleta Única implique un ahorro económico. Por el contrario, sostuvo que, en base a comparaciones con la elección nacional, ese sistema resultaría “el doble de caro” que el utilizado en la Provincia.
Las declaraciones de Bianco se produjeron luego de que el espacio libertario volviera a impulsar la iniciativa en la Legislatura bonaerense y denunciara que el oficialismo bloqueó su tratamiento. Desde ese sector, además, acusaron al Gobierno de Axel Kicillof de sostener un sistema “opaco” y funcional a las estructuras políticas tradicionales.
Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno provincial no solo negó haber frenado el debate, sino que buscó deslegitimar los fundamentos de la reforma, al sostener que ni la transparencia ni los costos justifican un cambio en el mecanismo de votación vigente. n