El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. El magistrado exigió al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para ejecutar la ley.
El conflicto comenzó con el veto presidencial. Después de que el Congreso lo rechazara, el Gobierno condicionó la aplicación de la normativa a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas presupuestarias.
Cormick consideró que esa decisión no cumplía con un criterio mínimo de razonabilidad y funcionaba como otra instancia de veto, ajena al mecanismo constitucional.
El reclamo universitario comprende los recursos para el funcionamiento de las instituciones y la recuperación salarial de docentes y no docentes.

El Gobierno anticipó que apelará
Tras conocerse la sentencia, fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial. Ese anuncio abre una nueva etapa en la disputa por la aplicación de la ley.
Desde el Sindicato de Docentes de la UBA, FEDUBA, celebraron la resolución y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. Los dirigentes gremiales señalaron que acompañarán el reclamo judicial con movilizaciones para exigir el cumplimiento de la normativa. n