Bullrich realizó un discurso más político que técnico junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente; y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. Bajo este escenario, el oficialismo se juega a todo o nada con la última versión -después de 17 borradores post dictamen, algo ocurrido en mayo- y tendrá que hacer un esfuerzo mayor no sólo para conseguir las adhesiones, sino para mantener el quorum antes de la definición en el recinto, un ítem sobre el que la oposición tendrá la lupa encima y con lo que se jugará hasta el minuto final.
La versión, por ahora, final
En el festín de documentos que volaron durante las recientes semanas siempre se mantuvo la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”. Distinto caso para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que podrán hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.
Sobre el final de esa sección se aclara -y Bullrich lo defendió esta tarde, como si fuese algo trascendental- que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado”. Lo importante es lo siguiente a todo esto, donde aparece que “la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”.
Además, se agrega: “Toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente. En el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional”.
La iniciativa en cuestión quedó trabada por esta cuestión, aunque no debe dejarse de lado que el texto promueve cambios más que importantes sobre expropiaciones, desalojos veloces y la polémica ley de fuego impulsada años atrás por Máximo Kirchner, con una Libertad Avanza que ahora promueve dinamitar el bloqueo por décadas en tierras afectadas por incendios.
Al comienzo de la conferencia, Bullrich apuntó hacia al condenado multitasking kirchnerista Lázaro Báez y sus “415.000 hectáreas” y, para evitar críticas desde la oposición, dejó en claro que el sistema propuesto para la venta de tierras a extranjeros -límite de 25%- es el que hoy tiene Brasil, donde comanda “Lula” Da Silva, hoy enemigo feroz para el mandatario argentino, Javier Milei. “Nos estamos igualando”, señaló la ex candidata a presidenta del PRO en 2023.
La senadora luego infló los “refuerzos” reclamados por dialoguistas sobre la potestad de las provincias en cuanto a sus recursos. En realidad, esto ya está más que claro en la Constitución y otras tantas normas. Minutos más tarde, explicó que un punto es la “propiedad” y otro “la soberanía, que queda en manos del Estado argentino”. Para blindar este concepto, la legisladora recordó la cesión que en ese sentido hizo Cristina Kirchner con China y la base que hoy funciona en Neuquén. n