El pedido será tratado en una audiencia pública convocada por el Municipio para el 28 de julio, pero el reclamo vecinal crece al mismo ritmo que la indignación: si se aprueba, el pasaje pasará a costar $2.627. En una ciudad donde el salario promedio ronda los $700.000 y el alquiler de un monoambiente puede costar $400.000 (solo de marzo a noviembre), este nuevo golpe al bolsillo se siente como un ataque directo a la economía diaria de cualquier vecino.

Según datos oficiales, en junio de 2025, una familia tipo argentina —dos adultos y dos menores— necesitó $1.110.624 para no ser considerada pobre. En ese contexto, ¿cómo se justifica que el boleto urbano en Pinamar termine absorbiendo una porción tan desproporcionada del ingreso mensual?

El costo por kilómetro que paga un pasajero en Pinamar ya es alarmante: se calcula que el recorrido más extenso dentro del ejido urbano (de Pinamar Norte a Cariló) es de poco más de 7 kilómetros. Eso significa que, con la tarifa actual, los usuarios pagan unos $301 por kilómetro recorrido. Con el aumento solicitado, esa cifra subiría a $375/km.

El contraste con otras ciudades vecinas es tan claro como doloroso. En Villa Gesell, el pasaje urbano cuesta $600, lo que equivale a unos $86/km. En el Partido de La Costa, el primer tramo es de $1100,60, con un sistema moderno que incluye seguimiento en tiempo real de las unidades mediante app. Pero la diferencia más impactante se da con General Madariaga, donde el servicio de transporte urbano es completamente gratuito para los vecinos, también con monitoreo en tiempo real mediante código QR.

Mientras tanto, en Pinamar, el transporte público sigue funcionando con un esquema plano, sin segmentación por tramos, sin tarifas sociales activas, sin abonos ni competencia. El modelo actual está basado en un monopolio sin controles efectivos ni mecanismos de participación ciudadana sostenidos. La audiencia pública, aunque importante, aparece cada vez más como una formalidad, y no como una herramienta real de incidencia.

La pregunta es inevitable: ¿por qué en la ciudad más cara para viajar no se piensa un modelo de transporte accesible, integrado y con criterio social? ¿Cómo puede ser que mientras en otras localidades se invierte en garantizar el derecho al transporte, en Pinamar se siga ajustando sobre quienes menos tienen?

Cada aumento no sólo encarece un pasaje: encarece la vida. Afecta al trabajador que no llega, al estudiante que no puede pagar, a la madre que lleva a su hijo al hospital, al abuelo que va a cobrar su jubilación. El transporte público debe ser un servicio esencial, no un privilegio.

El 28 de julio hay una oportunidad. La audiencia pública puede convertirse en una instancia de expresión, pero también debe ser el comienzo de una discusión más profunda. Pinamar necesita, y merece, un modelo de transporte inclusivo, eficiente y justo.

Ricardo Magne