El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio luz verde este lunes a un nuevo esquema arancelario para las escuelas privadas que reciben aporte estatal. De acuerdo con lo formalizado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), los establecimientos educativos de gestión privada de la provincia quedaron autorizados a incrementar las cuotas hasta un 3 por ciento en noviembre y hasta otro 3 por ciento en diciembre, con variaciones dependientes de la categoría institucional y del nivel de subsidio.
El ajuste, se plasmará en las boletas que las familias recibirán al iniciar el próximo mes. Aunque la actualización buscaba adecuar los ingresos escolares tras los recientes acuerdos paritarios pactados por el Ejecutivo provincial con el gremio docente, desde el sector patronal encendieron las alarmas, aseguran que el tope dispuesto resulta insuficiente para cubrir el ritmo real de los costos operativos.

Un desfasaje estructural: el 25% de la cuota en juego
El principal foco de conflicto reside en la dinámica temporal con la que se trasladan los aumentos. Mientras los acuerdos paritarios incrementan las nóminas salariales de forma inmediata, las autorizaciones administrativas para actualizar los aranceles escolares llegan con retraso, y la normativa provincial prohíbe taxativamente la aplicación de cobros retroactivos a las familias. “Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, puntualizó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
De acuerdo con estimaciones técnicas de AIEPA, la brecha que los colegios deben amortizar con fondos propios equivale, en promedio, al 25 por ciento de los ingresos anualizados por cuota mensual. Un ejemplo claro se observa en este mismo turno, el incremento salarial docente pactado para octubre recién podrá reflejarse parcialmente en la facturación de noviembre, absorbiendo las escuelas ese costo de bolsillo sin vías de recuperación.

Alerta por el “apagón de ingresos” en el verano 2027
A la asimetría mensual se le suma la incertidumbre financiera proyectada para el receso de verano. Durante los meses de enero y febrero de 2027, las instituciones educativas deben cumplir con el pago de salarios y cargas sociales sin percibir cobros de cuotas regulares por parte del alumnado.
Desde la entidad empresarial recordaron que los antecedentes inmediatos agravan el cuadro de vulnerabilidad, durante el verano anterior se fijaron alzas salariales —1 por ciento en diciembre (impactando en el medio aguinaldo), 2 por ciento en enero y 1,5 por ciento en febrero— sin habilitarse ningún esquema de traslado preventivo ni compensatorio posterior a las cuotas.
Para el cierre de este ciclo lectivo, la inquietud se reitera, no existen pautas sobre el margen tarifario para el verano ni mecanismos a cuenta en el arancel de diciembre, que representa la última liquidación cobrada por los establecimientos en el año.
La dinámica financiera de las instituciones refleja esta disparidad a lo largo del cronograma, mientras que en octubre de 2026 comenzó a regir el aumento salarial docente sin un ajuste correlativo en los aranceles, recién en noviembre y diciembre se aplican las subas autorizadas de hasta el 3 por ciento, siendo esta última la última cuota percibida de las familias en el año. El mayor cuello de botella se traslada a los meses de enero y febrero de 2027, período en el que los colegios deben afrontar los sueldos y el aguinaldo (SAC) de su personal sin contar con el cobro de cuotas lectivas.

“Se está desfinanciando a los centros de enseñanza”
La posición de AIEPA ante la Dirección General de Cultura y Educación apunta a reestructurar el modelo administrativo de actualización tarifaria. El objetivo que persiguen los representantes del sector es adecuar los tiempos burocráticos a las obligaciones paritarias para garantizar la sostenibilidad operativa de las instituciones.
Con las planillas de valores vigentes aprobadas para los bimestres finales del año, las instituciones educativas privadas inician una carrera contra el reloj para balancear sus números antes del cierre económico del ejercicio 2026. n