El Gobierno nacional informó que iniciará las gestiones para incorporar una partida extraordinaria de $590 millones destinada al funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en investigaciones vinculadas a apropiación de menores durante la última dictadura y otros delitos de lesa humanidad. La decisión fue comunicada en el marco de una presentación judicial realizada luego de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
La resolución judicial había ordenado a la Jefatura de Gabinete adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad operativa del organismo, ante advertencias sobre una situación presupuestaria crítica que podría afectar pericias genéticas esenciales para causas judiciales en curso.
Según informó el Ejecutivo, el refuerzo presupuestario apunta a asegurar la continuidad del trabajo del BNDG mediante una compensación de crédito por $590 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno solicitó dejar sin efecto la cautelar y sostuvo que los pedidos presupuestarios realizados por el organismo habían sido tramitados previamente.
Sin embargo, desde la administración nacional cuestionaron la gestión interna del Banco y señalaron que las dificultades operativas responderían a una utilización ineficiente de recursos disponibles más que a una falta de financiamiento. Esa postura abrió una nueva discusión sobre la situación del organismo, cuya función es considerada central para la preservación de pruebas genéticas y la restitución de identidades vinculadas al terrorismo de Estado.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado para conservar y analizar información genética destinada a esclarecer casos de filiación relacionados con personas desaparecidas durante la dictadura, y cumple un rol histórico en los procesos de restitución de identidad impulsados desde el retorno democrático.