Una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales permitió recuperar más de 200 documentos históricos vinculados a algunos de los nombres más relevantes de la historia argentina. El material, que incluía cartas, fotografías, libros y distintos escritos de valor patrimonial, estaba siendo ofrecido a la venta con una base inicial de 100.000 dólares.
El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina luego de detectar la publicación de un lote documental en una reconocida casa de subastas ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Según se informó, entre las piezas recuperadas aparecieron documentos relacionados con José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, además de registros vinculados con organismos e instituciones estatales.
La pesquisa se inició a partir de las tareas de monitoreo que lleva adelante el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la fuerza sobre plataformas digitales de compra, venta y subastas. En ese marco, los investigadores identificaron la existencia de un conjunto de más de 200 piezas históricas cuya procedencia debía ser verificada.
De acuerdo con fuentes oficiales, la documentación presentaba características que podrían ubicarla dentro del patrimonio protegido por la legislación nacional. Entre los elementos bajo análisis figuran sellos oficiales, firmas, tipografías y fechas de emisión, que ahora serán sometidos a peritajes especializados para determinar su autenticidad y origen.
Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal ordenó una presentación en el lugar donde se encontraba el material. La medida concluyó con el secuestro de toda la documentación para impedir su comercialización.
Tras el operativo, las piezas fueron trasladadas a una dependencia policial, donde quedaron bajo resguardo judicial hasta que finalicen las pericias destinadas a establecer su autenticidad, su procedencia y una eventual pertenencia al patrimonio histórico documental del país.
La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar cómo llegaron esos documentos al circuito comercial y si existió alguna maniobra ilegal vinculada con su tenencia o su intento de venta.