En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia vigente. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, luego de que el oficialismo incorporara modificaciones solicitadas por distintos bloques opositores. Entre sus principales puntos, contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, su compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones, la actualización de las prestaciones y garantías de cobertura de salud. El proyecto recibió media sanción y será tratado por el Senado para su eventual conversión en ley. Desde Opinión dialogamos al respecto con Viviana Gabriele, Directora del área municipal de Discapacidad de La Costa, quien enfatizó que “después de tanta lucha, por lo menos logramos que Diputados diera primero el quórum y luego que aprueben la ley para poder pasar al Senado”. Recordó además que la semana pasada no fue posible tratar la ley por falta de quorum, a partir de lo cual indicó que “en los grupos de lucha teníamos el listado de todos los Diputados que no habían dado el quórum, y estuvimos taladrando con mails a todos ellos explicando la necesidad”. Asimismo, consideró que finalmente la ley fue aprobada por “la presión que la gente hizo en la calle”. Si bien consideró que “es positivo” que la ley haya alcanzado media sanción, lo cierto es que señaló que “ahora hay que ver qué va a pasar con el Senado, pero por lo menos ya es un avance”. Entre las cuestiones incluidas en esta ley, Gabriele resaltó que se mantenga el valor nomenclador de las prestaciones, ya que aseguró que “no tenerlo es un grave riesgo”, sobre lo cual explicó que se trata de “un arancel fijo”. Si bien observó que actualmente el nomenclador “está muy retrasado”, lo cierto es que advirtió que “sería mucho peor que no tuviera un valor y que uno tuviera que ir a negociar con su obra social o con la prestación”, ya que en ese caso podría suceder que “cada uno le ponga el valor que se le ocurra”. En líneas generales, resaltó que con la ley de emergencia “por lo menos están resguardados los derechos que ya estaban de gestiones anteriores, no perder lo que ya se ha logrado”, al tiempo que recordó que “hay una ley superior a todo esto, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley que tiene carácter constitucional en la Argentina, y así se está respetando”. Por otra parte, la funcionaria señaló que continúan frenadas las posibilidades de tramitar nuevas pensiones por discapacidad. Si bien comentó que “hace poco parecía que se empezaban a activar”, lo cierto es que lamentó que “seguimos en la misma”. Frente a ello, comentó que desde el área que conduce “estamos en contacto continuo con ANSES”, pero no hay respuestas. En este sentido, advirtió que “desde el 2023 que no salen las pensiones”, al tiempo que indicó que “no tenemos ni siquiera el dato de las pensiones que están solicitadas y que están pendientes y que califican para ser otorgadas”, por lo que sostuvo que muchos “están a la espera hace años”. Por último, Gabriele informó que recientemente la Secretaría municipal de Desarrollo Humano concretó una compra de elementos ortopédicos para el área, ya que explicó que “los teníamos pero muy desgastados, y además no podíamos llegar a la demanda que tenemos”, debido a que tras la crisis que atraviesa a PAMI, muchos afiliados a esta obra social solicitan artículos ortopédicos, sobre todo sillas de ruedas, porque señaló que “PAMI no está otorgando ningún tipo de elemento ortopédico, así que también tenemos eso que se nos suma”. De acuerdo a lo que indicó, fue posible “hacer una compra de sillas de ruedas, andadores y muletas”, por lo que destacó que “por suerte tenemos un poco más para dar respuesta”, aunque lamentó que “siempre la demanda es mayor”.

Lic. Graciela Marker