La obra de ampliación de la red cloacal de General Madariaga, destinada a beneficiar a unos 12.000 vecinos mediante 2.400 conexiones domiciliarias y 318 bocas de registro, quedó nuevamente paralizada luego de que la empresa ARRCA abandonara la ciudad por falta de pagos y ausencia de respuestas por parte del Gobierno bonaerense.
Según indicaron desde la firma, la deuda acumulada supera actualmente los 1.500 millones de pesos, situación que derivó en la neutralización de los trabajos cuando resta apenas un 17% para completar el proyecto.
El jefe de obra, Ricardo Tieri, confirmó la situación durante una exposición ante el Honorable Concejo Deliberante y en declaraciones a medios locales. Allí explicó que la expectativa es que el conflicto pueda resolverse en el corto plazo para retomar las tareas y concluir una obra que presenta un avance del 83%.
Entre los trabajos pendientes se encuentran la construcción de dos pozos de bombeo —uno de ellos con la obra civil prácticamente terminada—, el cruce de vías hacia la Estación de Bombeo Nº 2 y la conexión definitiva con la planta depuradora.
Desde la empresa señalaron que la etapa restante implica una alta complejidad técnica, ya que además de la colocación de cañerías requiere instalaciones eléctricas, tableros y terminaciones en acero inoxidable.
Pese al conflicto, desde ARRCA remarcaron el buen vínculo mantenido con el Municipio y aclararon que la situación excede a la administración local. En ese marco, insistieron en la necesidad de que la Provincia priorice obras que se encuentran próximas a finalizarse y cuyo impacto social es significativo.
Aunque el porcentaje ejecutado es elevado, los vecinos todavía no pueden realizar conexiones domiciliarias debido a que la infraestructura no está terminada. Desde el sector explicaron que habilitar el servicio antes de concluir la obra podría generar riesgos sanitarios y estructurales.
Ante este escenario, el intendente Carlos Esteban Santoro anunció que solicitará una audiencia con la Dirección de Agua y Cloacas del Ministerio de Infraestructura bonaerense con el objetivo de gestionar la reactivación y la finalización de los trabajos.
La obra había comenzado en 2023 y ya había atravesado una interrupción de siete meses por problemas económicos. En aquella oportunidad, el conflicto se destrabó tras gestiones realizadas por Santoro ante el ministro provincial de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, en mayo de 2024.