En las últimas semanas se registraron distintos episodios que volvieron a poner el tema en el centro del debate público. Entre ellos, un hombre sufrió una grave lesión en la cadera tras un accidente con un UTV, mientras que el hecho más dramático ocurrió cuando un UTV en el que circulaba un padre junto a su hijo impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok. Como consecuencia del choque, Bastián debió ser operado en varias oportunidades y permanece internado en estado crítico.

Detalles de la medida
Frente a este escenario, el Departamento Ejecutivo dictó un decreto fechado el 16 de enero de 2026 que reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, incorporada al Código de Faltas local. El objetivo central es frenar la circulación de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y cualquier otro vehículo motorizado fuera de los espacios expresamente habilitados, una práctica reiterada pese a las prohibiciones vigentes.
El nuevo régimen establece multas que van desde los 8.500 hasta los 25.000 módulos, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia del infractor. Además, los agentes municipales quedan facultados para retener de manera preventiva y secuestrar los vehículos cuando la conducta implique un peligro cierto o potencial para la vida, la integridad física de las personas o el ambiente.
Uno de los puntos más contundentes del decreto es que traslada al infractor la responsabilidad económica total por las consecuencias de sus actos. Esto incluye no solo la multa, sino también los gastos médicos, internaciones, estudios, medicación, traslados sanitarios y operativos de emergencia. A su vez, se imputarán los costos derivados del uso de recursos humanos, móviles, maquinaria y equipamiento municipal, así como la intervención de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil, Fiscalización, Protección Ciudadana, Servicios Urbanos y Ambiente.
El texto también contempla la reparación, recomposición o mitigación de los daños ambientales ocasionados, la limpieza y restauración de los espacios afectados, y cualquier otro gasto que resulte necesario como consecuencia directa del hecho o del siniestro. El Municipio, además, se reserva la posibilidad de reclamar administrativa o judicialmente el recupero total de esos costos contra el infractor y el titular registral del vehículo involucrado.
Desde el Ejecutivo local se remarca que la circulación indebida de estos vehículos no solo pone en riesgo la vida de quienes los conducen o los ocupan, sino también la de terceros, afectando además el ambiente natural, el espacio público y los recursos operativos municipales. En ese marco, el decreto busca desalentar conductas consideradas altamente peligrosas y garantizar una mayor capacidad de control y sanción.
La norma exceptúa de la prohibición a los vehículos pertenecientes a los servicios de rescate, emergencia y seguridad, y fue dictada ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la preocupación social crece, en una ciudad atravesada por el impacto de accidentes evitables y por la angustia de familias que, como la de Bastián, enfrentan las consecuencias más dolorosas de la imprudencia al volante. n