El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó este miércoles una reunión interministerial en La Plata para coordinar medidas de prevención ante las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño, cuya evolución podría generar precipitaciones superiores a los valores habituales durante los próximos meses.
El encuentro se desarrolló en el Salón de las Banderas del Ministerio de Seguridad y contó con la participación de representantes de las carteras de Seguridad, Salud, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Comunicación Pública y la Dirección General de Cultura y Educación.
Durante la jornada se analizó el escenario previsto para el fenómeno, cuyas condiciones comenzarían a manifestarse entre junio y agosto y se extenderían hasta los primeros meses de 2027. En la provincia de Buenos Aires, este tipo de eventos suele favorecer lluvias por encima de los niveles normales, especialmente durante la primavera y el verano.
Las autoridades también evaluaron el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, que advierte una alta probabilidad de que entre noviembre y enero se registre un episodio de fuerte intensidad, con características que podrían ubicarlo entre los más importantes de los registros históricos. En ese contexto, se destacó la necesidad de identificar los posibles impactos según las características de cada región de la provincia.
Como parte del trabajo conjunto, los distintos organismos compartieron información técnica y definieron medidas preventivas destinadas a reducir los efectos que podrían derivarse de este escenario climático.
La reunión también sirvió para repasar los lineamientos del nuevo Plan Provincial para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, elaborado por la Subsecretaría de Emergencias. La iniciativa propone fortalecer la planificación y la prevención, dejando atrás un esquema centrado únicamente en la respuesta posterior a las emergencias.
El plan busca identificar y evaluar los riesgos presentes en el territorio, establecer estrategias para disminuir su impacto y coordinar el trabajo entre las distintas áreas del Estado. Además, define responsabilidades compartidas entre los organismos provinciales con el objetivo de consolidar una respuesta articulada y mejorar la capacidad de prevención frente a futuros eventos climáticos. n