Así de resolvió en un encuentro virtual del Consejo Directivo cegetista, que fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja tenga lugar este jueves, ya que la idea del oficialismo es tratar de que el proyecto sea convertido en ley cuanto antes.
En la reunión también se decidió que el triunvirato de la CGT concurra este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto que se aprobó en el Senado.
Aunque la idea inicial de la mayoría de la CGT era mantener una estrategia moderada y buscar más cambios en la reforma laboral o trabar su tratamiento legislativo, su decisión de acelerar un paro general obedeció a que el triunvirato cegetista consideró que no había espacio para negociaciones por la presión de diversos sectores sindicales y la fuerte polémica por el artículo que reduce el pago de los sueldos en casos de licencias médicas.
En la reunión virtual de este lunes hubo dirigentes que propusieron acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como la semana pasada, pero finalmente no prosperó: se resolvió dar una demostración de fuerza mediante una paralización de actividades, aprovechando la adhesión total del transporte.
La propuesta descartada de un paro con movilización callejera fue realizada por el cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), propuesta que apoyaron Osvaldo Lobato, de la UOM, sindicato liderado por Abel Furlán que ya dispuso para este jueves un paro y una marcha hacia el Congreso. Sergio Palazzo (bancarios) fue uno de los dirigentes que avaló la idea de parar y movilizarse.
La postal de un país sin medios de transporte estaba en duda para la CGT porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, ya no integra la conducción cegetista por diferencias con la elección del triunvirato y, además, porque suele ser renuente a sumarse a los paros generales, como sucedió el 10 de abril pasado, cuando no adhirió a la huelga de la CGT con la excusa de que estaba en conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial.
Uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para el éxito de la medida de fuerza.
“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae desde el gremio de colectiveros.
La adhesión de este gremio estratégico del transporte refuerza la expectativa de un fuerte impacto nacional de la nueva huelga general de la CGT, que se hará este jueves, en que podría sesionar Diputados, o el miércoles 25 si el oficialismo tiene que negociar entre sus legisladores aliados para la sanción de la reforma laboral.
El resto de los sindicatos del transporte se sumará al paro general: desde la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes de la mano de Omar Maturano, hasta la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
Aunque la CGT logró logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, el malestar sindical se agravó tras la aprobación en la Cámara Alta del artículo 44, que cercena el derecho a percibir el 100% del salario por enfermedad o accidente no asociado a la actividad laboral. Según el texto, los afectados percibirán un 50% del salario, con opción a un 75% si la situación no obedece a una acción voluntaria ni a un conocimiento previo del riesgo. Este recorte, según fuentes oficiales, nunca formó parte del debate original y desató fuertes críticas dentro y fuera de la central obrera.
“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, dijo a Infobae un dirigente dialoguista de la CGT, quien remarcó las internas dentro del oficialismo por la inesperada incorporación de esa cláusula.
En el Gobierno reconocen el desacuerdo y evalúan alternativas, como una corrección posterior mediante el decreto reglamentario de la ley para evitar que ese punto comprometa la sanción veloz que busca la administración Milei. Patricia Bullrich, jefa de senadores de los libertarios, justificó el cambio: “Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, señaló a TN, aunque dejó abierta la puerta para garantizar el salario pleno a quienes sufran enfermedades graves.
La estrategia judicial está sobre la mesa de la CGT. En un documento interno, la central obrera advirtió que se opone a la reforma laboral en su conjunto porque la considera “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.
El texto enfatiza: “Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”, y advierte que la iniciativa oficial vulnera los principios de progresividad y no regresión, algo central en la crítica gremial y en la futura ofensiva judicial. Además, señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige un esquema tripartito para llevar adelante la definición de una reforma laboral, lo que no ocurrió en este caso, y anticipa una pelea en los tribunales si la ley se aprueba.
La reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu)e impulsa —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más drásticas y ya habían anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la reforma laboral.
El rechazo de la CGT excede el artículo 44 y se extiende a las restricciones sobre la huelga en servicios esenciales, cambios en las indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales, entre otros puntos de la reforma laboral. n