En declaraciones a Radio Rivadavia, Girard fue claro: “Mientras no se modifiquen las leyes, las obligaciones impositivas siguen siendo exactamente las mismas que antes”. Además, cuestionó la falta de respaldo jurídico del nuevo esquema fiscal propuesto por el Ejecutivo nacional y subrayó que cualquier cambio de este tipo requiere una ley aprobada por el Congreso.
El funcionario provincial remarcó que la continuidad de los controles no responde a una postura política en contra de las medidas, sino a la vigencia de la normativa actual. “No es que seguimos fiscalizando por capricho o desacuerdo, lo que planteamos es que hay una debilidad legal en esta propuesta”, señaló.
También advirtió que el intento del Gobierno nacional de implementar cambios mediante decretos o resoluciones en impuestos coparticipables es jurídicamente cuestionable: “Se están salteando al Congreso y eso no corresponde”.
Girard fue tajante al advertir que la inacción de Nación en materia de fiscalización no implica que los contribuyentes estén exentos de cumplir con sus obligaciones fiscales. “Si Nación decide no controlar, es su decisión, pero eso no significa que los impuestos hayan sido condonados”, sostuvo.

Continuar con las leyes vigentes
Desde ARBA, continuarán trabajando como hasta ahora, explicó, porque no hubo reformas legales que alteren las reglas vigentes. “Si más adelante se aprueba una ley, ahí sí cambiará el panorama. Pero hoy por hoy, no hay garantías legales para quienes decidan blanquear ingresos no declarados a través del consumo”, advirtió.
Girard también señaló que, legalmente, las deudas impositivas prescriben recién a los cinco años y que, por tanto, los contribuyentes que eleven su nivel de consumo con fondos no declarados podrían enfrentar consecuencias hasta 2027, cuando finaliza el mandato presidencial de Javier Milei. “La situación actual genera mucha inseguridad jurídica”, subrayó.

El malestar
del gobierno
Además, criticó el nuevo esquema simplificado de Ganancias que plantea Nación, señalando que la falta de controles automáticos no exime a nadie de responsabilidades: “Aunque ARCA no fiscalice, declarar una compra importante con ingresos no declarados sigue generando una obligación impositiva”.
En cuanto a la invitación del Gobierno nacional a las provincias para firmar nuevos convenios de intercambio de información —con la advertencia de que quienes no adhieran podrían quedar fuera del acceso a datos sobre facturación y consumos superiores a los $50.000.000—, Girard consideró que esta actitud surge del malestar del Ejecutivo al no contar con el sustento normativo necesario para avanzar con su plan. “No tengo objeciones al intercambio de datos entre fiscos, es útil y necesario. El problema no es ese, el problema es que están anunciando algo que no tiene base legal”, concluyó.

También destacó la importancia de esos convenios para facilitar trámites y reducir la carga administrativa de los contribuyentes, en el marco de un futuro proceso de simplificación tributaria. (InfoGEI) n