El Gobierno nacional oficializó una modificación del programa Remediar que encendió una señal de alarma en el sistema de salud pública. A través de la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación derogó el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 y lo reemplazó por una nómina de seis principios activos orientados a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. La medida deja afuera tratamientos destinados a numerosas patologías frecuentes.

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, expresó su preocupación por las consecuencias de la decisión y compartió un planteo dirigido a las autoridades sanitarias y a otros funcionarios, en el que calificó la situación como de “extrema gravedad sanitaria y presupuestaria”.

El jefe comunal puso el foco en las consecuencias que la reducción de la cobertura nacional puede generar sobre los sistemas sanitarios provinciales y municipales, especialmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que constituyen la primera puerta de acceso a la atención médica para miles de vecinos.

MENOS MEDICAMENTOS, MÁS PRESIÓN SOBRE LOS MUNICIPIOS

Uno de los cuestionamientos centrales de De Jesús apunta al traslado de responsabilidades financieras hacia los gobiernos locales. La reducción de la provisión nacional obliga a buscar alternativas para garantizar medicamentos que hasta ahora integraban el esquema de compras y distribución centralizada.

En ese sentido, el intendente fue contundente al advertir: “Esto representa un traspaso forzoso de costos operativos y un ahogo financiero directo sobre nuestras redes de CAPS en el peor momento posible”. En el Partido de La Costa, esta decisión del Gobierno nacional afecta a más de 50 mil vecinos y vecinas.

La advertencia tiene un impacto concreto: los municipios deben sostener la atención cotidiana, garantizar tratamientos y responder a las necesidades de los pacientes, aun cuando los recursos disponibles resulten insuficientes para absorber nuevos gastos.

Entre los medicamentos que quedan fuera del nuevo listado se encuentran la metformina, utilizada para tratar la diabetes tipo 2; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo; y la amoxicilina, un antibiótico utilizado para determinadas infecciones. También quedan excluidos medicamentos vinculados con tratamientos respiratorios, alergias y salud reproductiva.

La preocupación es que las personas que dependen del sistema público deban enfrentar mayores dificultades para continuar sus tratamientos o que las administraciones locales tengan que destinar fondos propios para cubrir esas necesidades.

EL REMEDIAR, UNA POLÍTICA SANITARIA DE MÁS DE DOS DÉCADAS

El programa Remediar nació en 2002, en medio de una profunda crisis económica y social, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros de atención primaria de todo el país.

Sobre la trayectoria de esa política pública, Juan de Jesús recordó: “El Remediar nació en el año 2002, en plena crisis, y se sostuvo durante más de dos décadas cruzando diferentes gestiones”.

La continuidad del programa permitió que personas sin cobertura médica suficiente pudieran acceder a tratamientos para distintas enfermedades sin depender exclusivamente de su capacidad económica.

Por eso, el intendente cuestionó el alcance de la modificación y su impacto sobre el esquema federal de atención primaria. En su planteo sostuvo que “su desmantelamiento quiebra un consenso federal básico sobre el acceso universal a la salud en el primer nivel de atención”.

La advertencia apunta a una cuestión central: la necesidad de sostener políticas sanitarias que garanticen condiciones de acceso a medicamentos esenciales, independientemente de la situación económica de cada paciente o del lugar donde viva.

EL IMPACTO SOBRE LA PROVINCIA Y LA COSTA

La decisión nacional también pone presión sobre los sistemas sanitarios provinciales. En Buenos Aires, el programa Medicamentos Bonaerenses constituye una herramienta para ampliar el acceso a tratamientos, pero la capacidad de compensar una reducción de la provisión nacional depende de los recursos disponibles y de las necesidades de cada distrito.

Para el Partido de La Costa, como para otros municipios bonaerenses, el problema tiene una dimensión concreta: cuando un medicamento deja de llegar por los canales nacionales, la necesidad del paciente no desaparece. El sistema sanitario debe buscar una alternativa para garantizar la continuidad del tratamiento.

Ese escenario puede traducirse en mayores gastos para las administraciones locales, que ya deben afrontar el funcionamiento cotidiano de los centros de salud, la atención médica y otras prestaciones esenciales.

La preocupación planteada por De Jesús se vincula, precisamente, con la capacidad de los municipios para sostener esas prestaciones en un contexto de mayores demandas y recursos limitados.

UNA DISCUSIÓN SOBRE EL ROL DEL ESTADO

La modificación del Remediar vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de la salud pública y la distribución de los recursos entre las distintas jurisdicciones.

La provisión de medicamentos no es un componente accesorio del sistema sanitario. Permite prevenir complicaciones, sostener tratamientos y evitar que enfermedades controlables se conviertan en cuadros de mayor gravedad, con consecuencias tanto para los pacientes como para el presupuesto público.

La advertencia de Juan de Jesús apunta a ese escenario: una reducción de la cobertura nacional que puede terminar trasladando costos y responsabilidades a los municipios, sin que disminuyan las necesidades de atención de la población.

El programa Remediar nació para dar respuesta a una necesidad concreta: que el acceso a los medicamentos esenciales no dependiera exclusivamente de la capacidad económica de cada persona. La modificación del listado nacional abre ahora una discusión sobre cómo se garantizarán esos tratamientos y quién deberá asumir los costos de sostenerlos.

Para los gobiernos locales, el desafío es evitar que el ajuste en la provisión nacional termine convirtiéndose en una barrera de acceso para los pacientes que dependen de la salud pública.