Un informe interno al que tuvo acceso Opinión de La Costa encendió una señal de alerta sobre el funcionamiento actual del convenio con PAMI. Según los datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026 el Municipio del Partido de La Costa dejó de percibir 91.597.000 de pesos producto de descuentos y débitos aplicados sobre las prestaciones realizadas.
El dato central del análisis es contundente: PAMI descuenta en promedio el 25% de lo que el sistema de salud municipal factura. En términos concretos, de cada cuatro pesos que el hospital trabaja, uno no se paga.
La tendencia no es nueva. Durante 2025, la pérdida total ascendió a 332.339.589 millones de pesos, lo que representa una quita promedio del 26,3% de la facturación anual. A pesar de que el sistema local aumentó su capacidad de respuesta —con un crecimiento del 57% en la facturación entre enero y diciembre—, los mecanismos de descuento se mantuvieron sin cambios, consolidando una pérdida estructural.
El informe identifica dos factores principales que explican este desfasaje. Por un lado, el denominado “Ajuste DC”, un mecanismo que genera una detracción constante cercana a los $30 millones mensuales, funcionando en la práctica como un techo financiero. Por otro, los débitos administrativos del Gobierno Nacional, que en 2025 superaron los $280 millones y en algunos meses alcanzaron niveles superiores al 30%, bajo criterios definidos de manera unilateral.
Desde el área de Salud advierten que estos mecanismos no responden a fallas en las prestaciones, sino a condiciones contractuales que limitan el reconocimiento de los costos reales del sistema.
En este contexto, el impacto deja de ser técnico para convertirse en estructural: recursos municipales terminan financiando prestaciones de una obra social nacional. Es decir, lo que PAMI no paga, lo cubre el Municipio con fondos propios, afectando la capacidad de inversión en salud y en otros servicios.
El escenario, además, se inscribe en una dinámica más amplia que atraviesa a municipios de todo el país. La combinación de recesión, caída de la recaudación y reducción de transferencias nacionales, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno nacional, está generando tensiones crecientes en las finanzas locales, con impacto directo en la prestación de servicios.
De no modificarse las condiciones actuales del convenio, la proyección para 2026 indica que la pérdida podría superar los $360 millones, profundizando el desequilibrio. La discusión de fondo ya no es solo sanitaria. Es fiscal y política: quién financia el sistema y bajo qué reglas, en un contexto donde los municipios de toda la Argentina empiezan a quedar sin margen. n