La organización planteó ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 351/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que elimina la autonomía y autarquía del BNDG. Además, solicitaron una medida cautelar de no innovar para preservar las muestras genéticas, el equipamiento y la tecnología utilizados en el banco.
El juzgado de San Martín concentra numerosos casos vinculados a la apropiación de menores durante la última dictadura, ya que muchas de las víctimas fueron detenidas en la Zona de Defensa IV, donde operaron centros clandestinos como los de la guarnición militar de Campo de Mayo. Allí nacieron al menos ocho nietos y nietas restituidos y estuvieron detenidas más de treinta mujeres embarazadas desaparecidas. Estos hechos fueron acreditados en el histórico Juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores.
El decreto presidencial retrotrae al BNDG a su estructura anterior a 2009, lo cual representa un retroceso en la búsqueda de nietos y nietas apropiados, al tiempo que obstaculiza su funcionamiento: hoy el banco carece de dirección, ya que no se ha convocado a concurso para renovar sus autoridades, y opera con un presupuesto congelado desde 2023, lo que paraliza los análisis genéticos y los trámites judiciales.
Además, el decreto lo convierte en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, encabezada por funcionarios sin formación en genética o derechos humanos, lo que agrava la situación.

Intervención irregular del organissmo
Según Abuelas, esto constituye una intervención irregular, sin consulta previa a las víctimas y sin respaldo técnico, lo que podría derivar en el incumplimiento de compromisos internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos.

Continuidad del organismo
Por ello, además de la nulidad del decreto, solicitaron a la Justicia la prórroga del mandato de la actual directora técnica del BNDG, Dra. Mariana Herrera Piñero, y que se ordene al Poder Ejecutivo garantizar el financiamiento necesario para que el organismo continúe con su tarea fundamental: la identificación de personas apropiadas durante la dictadura.

Herramienta de la democracia
“El BNDG es una herramienta clave de la democracia y del derecho a la identidad. Atacarlo es ir contra la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Aún nos faltan encontrar 300 nietas y nietos. No vamos a detenernos y exigimos al Estado que mantenga las políticas públicas necesarias para encontrarlos”, señalaron las Abuelas en su comunicado. (InfoGEI)n