La presentación responde a la decisión de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que estaba previsto para comenzar a regir en enero de 2026. Según expresó Strada en la red social X, la denuncia fue interpuesta por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico, contemplado en la ley 17.622.
De acuerdo con la legisladora, el ministro ordenó mantener el cálculo del IPC basado en componentes desactualizados, pese a que en octubre de 2025 el INDEC había definido una nueva metodología. Sostuvo además que Caputo reconoció públicamente diferencias en los resultados según el método aplicado y adelantó el dato de enero de 2026 antes de su difusión oficial.
Para Strada, la decisión tiene consecuencias sociales y económicas, ya que el IPC incide en jubilaciones, pensiones, asignaciones y negociaciones paritarias. En ese marco, remarcó que la normativa vigente busca garantizar la independencia técnica del organismo estadístico y evitar interferencias políticas en la producción y difusión de datos oficiales.