El concejal de Pinamar Daniel Jouffré expresó su preocupación por el conflicto abierto entre los municipios de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell en torno a la disposición de residuos domiciliarios. El edil de La Libertad Avanza cuestionó tanto los costos que el municipio madariaguense pretende cobrar por el servicio como las condiciones en las que, según afirmó, se realiza el tratamiento de los desechos.
Jouffré sostuvo que el acuerdo vigente contemplaba la instalación y el funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el predio otorgado por la Provincia a General Madariaga. Sin embargo, aseguró que esa infraestructura no estaría operando de la manera prevista. En ese sentido, afirmó que Pinamar estaría pagando por un servicio que, en la práctica, no se estaría realizando.
Según describió, el lugar presenta acumulaciones de basura a cielo abierto que pueden observarse desde la ruta. El concejal también advirtió que, en algunas ocasiones, los residuos son incendiados, lo que genera columnas de humo que incluso han obligado a cerrar temporalmente el acceso al predio. Para Jouffré, esta situación implica un serio riesgo ambiental, especialmente para Pinamar, debido a la cercanía del lugar y la posibilidad de que se produzca contaminación en las napas de agua.
En relación con el planteo del intendente de General Madariaga, Carlos Santoro, quien sostiene que Pinamar debería pagar más por el volumen de residuos que genera, el edil recordó las limitaciones territoriales del distrito. Explicó que Pinamar es un municipio de superficie reducida y que apenas dispone del espacio necesario para su propia planta de transferencia, lo que impide desarrollar instalaciones de tratamiento de mayor escala dentro del partido.
Para el concejal, la discusión no debería centrarse únicamente en el monto del servicio, sino en el cumplimiento efectivo de las obligaciones vinculadas al tratamiento de los residuos. En ese marco, consideró que el pago debe ser “el justo y correspondiente”, pero siempre en relación con un servicio que se preste de acuerdo con lo que establece la normativa ambiental.
Jouffré también dejó abierta la posibilidad de avanzar por distintas vías para canalizar el reclamo. Entre ellas mencionó la posibilidad de una negociación directa con el intendente Santoro, la intervención del gobierno de la Provincia de Buenos Aires —que es responsable de la gestión del predio— o incluso la presentación de acciones judiciales. En ese sentido, recordó que en Pinamar existen antecedentes de recursos de amparo vinculados con la gestión de residuos y señaló que esa podría ser una herramienta para garantizar tanto el acceso a la planta como un costo acorde al servicio prestado.
“El municipio tiene que pagar lo que corresponde, pero Madariaga también tiene que cumplir con los requisitos del tratamiento”, concluyó el concejal, marcando una postura crítica frente a lo que considera un sistema de disposición final que no estaría funcionando de acuerdo con lo previsto.