Mediante un extenso escrito presentado en la Unidad Fiscal Descentralizada 8 (UFID) el ejecutivo denunció diversas irregularidades y presuntos delitos ocurridos en 2015, durante la licitación, adjudicación de obra y devolución del fondo de garantía del Jardín Maternal que se prometió para el Barrio Belgrano y que jamás se construyó. Al finalizar el proceso administrativo que demoró varios meses, se analizó la documentación recolectada y el intendente Esteban Santoro solicitó la confección de la denuncia a la secretaría de legal, técnica y administrativa, a cargo de Carlos Balcarce. En el escrito se advierte que hay “actividad probatoria verificada” por parte del ex intendente Cristian Pedro Popovich que demuestra que actuó “claramente en beneficio de Servicios Emiser S.A., coordinando en forma conjunta con otros funcionarios municipales, e incluso posiblemente nacionales, actos concretos en pos de tal beneficio”, por lo que se entiende que incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 del Código Penal de la Nación) que prevé una pena que va de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los abogados municipales consideran que hubo una “llamativa coincidencia” debido a que la empresa fue la única oferente en la licitación para la obra de casi 4.600.00 pesos el día 17 de julio y que 6 días después fuera contratada, de manera directa, para realizar trabajos con dos motoniveladoras y dos palas cargadoras por un valor de 741.500 pesos. Según se remarca esto “debe leerse en clave como un acuerdo previo de los funcionarios municipales que mezclaron intereses propios y políticos en detrimento de los intereses públicos que debían representar”. Además se advierte sobre las siguientes irregularidades: La falta de “constancia efectiva” acerca del cumplimiento de las tareas que debían realizar las máquinas viales en nuestra ciudad. La no realización de intimaciones a la compañía para que cumpla con la construcción del jardín. Poca claridad sobre el manejo de los fondos entregados para la ejecución -$ 4.599.000-, los cuales estaban afectados exclusivamente a esta obra pero una parte - $ 1.800.000- fueron girados a Rentas Generales y utilizados con otros fines. Un intercambio de emails entre el ex secretario de coordinación Jonatan Trianon y la ex directora general de infraestructura del ministerio de educación nacional, Patricia Morales, solicitando justificativos para dejar sin efecto la obra. Una nota posterior de Emiser S.A. excusándose de la realización del trabajo utilizando términos similares a los indicados en los correos electrónicos. La rescisión de contrato de locación de obra firmado a días de dejar el poder Popovich. La devolución a la empresa de la póliza de garantía, en lugar de ejecución de la misma en una clara violación a la normativa vigente. La carencia de análisis técnico-jurídicos para avalar todo lo actuado. En la fundamentación del accionar se estima que el mismo se desencadenó precipitadamente luego del resultado adverso, del por entonces oficialismo, en las elecciones y con una clara intencionalidad de “desfinanciar el municipio y al mismo tiempo beneficiar a empresas a ellos vinculadas”. No obstante, advierten sobre otras figuras penales que podrían caberles a algunos involucrados en el caso, tales como: incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y dádivas. También se argumenta que el accionar ocasionó un perjuicio debido al actual aumento del costo de la obra, en caso de realizarse, y a la devolución del dinero que deberá hacer el municipio al Estado Nacional por no haber concretado el trabajo original.